Por Abel López Jiménez
El proceso penal en contra Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), por su presunta responsabilidad en el incendio de la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, a finales de marzo del año pasado, con saldo de 40 migrantes muertos y 27 lesionados, se encuentra suspendido de finales de 2023, debido a un amparo interpuesto por los representantes legales de los familiares de las víctimas y de los sobrevivientes.
Además del titular del INM, otras 10 personas están sujetas a procesos penales por el incendio y sus consecuencias. Garduño Yánez acudió el pasado lunes a firmar ante los juzgados federales en Ciudad Juárez como medida cautelar.
También se han iniciado al menos cuatro causas penales contra ellos, pues fueron detenidos y puestos a disposición de jueces federales en diferentes fechas, lo que motivó la radicación de diversas causas y delitos, aunque se juzga uno solo hecho con varias víctimas.
Cabe mencionar que la Fundación para la Justicia, el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) y Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), son algunas de las organizaciones que acompañan y representan a los sobrevivientes.
Blanca Navarrete, coordinadora de DHIA, dijo que buscan que “se unifiquen las distintas causas penales porque no hacerlo implica segmentar la realidad” y no permite ver que lo sucedido en aquella Estancia del INM fue una gran violación a derechos humanos.
“El proceso penal está en pausa por un amparo que interpusimos las organizaciones que acompañamos a algunos de los sobrevivientes y a algunas de las familias de los fallecidos porque lo que buscamos es que la justicia realice una investigación integral de los hechos, y no que segmente el caso como lo han hecho hasta ahora”, declaró Navarrete.
Advierte que de continuar así, con varias causas penales abiertas, “se estaría apostando al desgaste (mental y físico) de los familiares de los sobrevivientes, testigos, a los acusados y a las propias organizaciones”, porque todos tendrían que comparecer en varios juicios orales casi al mismo tiempo.
Por su parte, Manuel Ochoa, abogado de Francisco Garduño Yáñez, comentó entrevista que están a la espera de que se resuelva el amparo y, mientras tanto, su representado está cumpliendo con las medidas cautelares que le impuso el juez. A la fecha ha comparecido a firmar en 17 ocasiones, precisó.
A Garduño Yáñez y a Antonio Molina, quien fue director general de control y verificación del INM, se les inició un proceso penal por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
De acuerdo con las organizaciones que representan a las víctimas, Antonio Molina ya no acude a firmar por lo que podría estar sustraído del proceso penal. A él se le permitió enfrentar el proceso en libertad, igual que a Garduño.
A finales de octubre pasado iban a terminar los plazos para la investigación complementaria en la mayoría de las causas penales, pero todo está suspendido por el amparo.
En tanto, las nueve personas a quienes se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, siguen presos; de ellos seis son funcionarios públicos.
Cabe recordar que aquella noche del 27 de marzo de 2023, en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, fronteriza con Estados Unidos, 40 migrantes provenientes de Guatemala, Venezuela, Colombia, Honduras y El Salvador, fallecieron por asfixia del humo causado por un incendio, generado por dos venezolanos, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades mexicanas.
