Por Abel López Jiménez
Los titulares del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Antonio Martínez Dagnino y Grisel Galeano García, respectivamente, exhibieron con un informe las malas prácticas del Grupo Salinas, que lidera el empresario Ricardo Salinas Pliego, cuyas empresas mantienen un adeudo histórico de impuestos de 30 mil millones de pesos.
Ambos funcionarios dieron a conocer ese reporte ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia mañanera, realizada el pasado viernes desde Baja California Sur.
El Maestro Martínez Dagnino inició su exposición diciendo que se informaría a detalle el asunto de Total Play y los esquemas de deducciones excesivas, luego de que en la semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había fallado en contra del Grupo Salinas, lo que le da derecho al gobierno de cobrar 1,500 millones de impuestos que esa empresa adeuda, para empezar.
Antes explicó que en el SAT las auditorias se realizan por sectores económicos, en las cuales se analizan las operaciones contables y financieras que tienen repercusiones fiscales. “No vemos nombres propios, ni de personas físicas, ni de empresas. Únicamente vemos las operaciones contables que tienen repercusiones fiscales y que deben cumplir con la legislación”, puntualizó.
Señaló que en el año de 2014 se decidió revisar el sector de empresas de telecomunicaciones, interconexión, radio, televisión, en el que se ubica a la empresa Total Play. “Es una auditoría ya vieja, el ejercicio fiscal es de 2011 y la auditoría por parte del SAT fue en el 2014 y hoy es 2024 (después de 10 años) seguimos platicando de ese tema, cuando la empresa ya utilizó pérdidas fiscales y no pagó impuestos”, expuso.
Comentó que durante las auditorías el SAT solicita o revisa información sobre dos rubros, el de ingresos y de gastos, básicamente. En la auditoría que se realizó a esa empresa, sólo por sus operaciones de 2011, el órgano fiscalizador observó desde el inicio que dicha empresa no contaba con la información adecuada y completa que debía respaldar su operación, principalmente en sus gastos.
En el transcurso de la auditoría, el SAT, organismo descentralizado de la Secretaría de Hacienda, tuvo comunicación constante con el contribuyente, quien durante más de un año no pudo justificar la información que acreditara que los gastos fueran indispensables para el negocio.
Al no tener ya información pendiente de analizar, informó que el SAT resolvió lo siguiente: uno, la empresa reportaba 1.4 veces más de gastos que los ingresos totales que había obtenido. La empresa estaba reportando mayores gastos. Sus gastos eran excesivos y al menos en seis rubros no les fue posible probar que se hubieran realizado para que la operación natural del negocio funcionara.
Cuando concluyó la auditoría, señaló el Maestro Martínez Dagnino, esos seis rubros de gastos no fue posible restarlos al monto que debía pagar de impuestos y se le comunicó (al contribuyente) en el año de 2015, un año después del inicio de la auditoría, que debía realizar el pago de impuestos sobre la renta.
“La empresa no estuvo de acuerdo con tener que pagar lo que se detectó como adeudo y se fue a un litigio desde el año de 2015”, refirió el titular del SAT.
En su oportunidad, la Procuradora Fiscal Grisel Galeano García, explicó los términos del litigio judicial y aseguró que “esas prácticas llamadas planeación fiscal no son correctas, porque es obligación de todas y todos los mexicanos pagar los impuestos que nos corresponden según nuestras ganancias reales”.
Agregó que “se abusa de los beneficios que se han concedido en muchos sectores y el Estado debe seguir trabajando, vamos a seguir trabajando para erradicar esta mala práctica”, sentenció.
Coincidió que con la resolución de la Suprema Corte en contra de Grupo Salinas, “es claro que el contribuyente incurrió en diversos errores, así que lo correcto es que realice la corrección por más de mil 500 millones de pesos que incorrectamente declaró como pérdida fiscal y que la Suprema Corte nos ha dado el derecho a cobrar”, indicó.
“Las cantidades determinadas por el SAT como obligatorias de pago que quedaron firmes a favor del Estado son de todas y todos los mexicanos y las requerimos para poder generar mejores condiciones de vida para todas y para todos”, justificó Galeano.
“También les comentó que este caso de Grupo Salina, es un caso único, es un caso aparte, porque todavía hay otros adeudos que tienen una cantidad histórica de 30 mil millones de pesos y esos casos, como lo comentó el señor Presidente, se encuentran en el Tribunal Federal y en el Tribunal Colegiado”, finalizó la Procuradora Fiscal Grisel Galeano García.
