Por Redacción
León, 03 de septiembre de 2026.- El parlamento de Nicaragua, leal a Daniel Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, aprobó en la noche del 1 de septiembre una enmienda constitucional que extiende su mandato por un año más, de seis a siete años. Como resultado de esta decisión, se eliminó la elección programada para noviembre de 2026 y se pospusieron las próximas comicios hasta 2028.
La sesión legislativa se celebró en León, en el oeste del país, al pie de la catedral colonial donde descansan los restos del poeta Rubén Darío. Durante el proceso, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, invocó repetidamente al poeta para justificar las reformas. Entre los cambios aprobados destaca la incorporación a la Constitución de la exclusión de la oposición, prohibiendo el acceso a cargos públicos o liderazgos de partidos a cualquier persona que el régimen considere vinculada a intentos de golpe, financiamiento extranjero, sanciones internacionales o actos contra la soberanía, así como a aquellos etiquetados como traidores a la patria.
El texto aprobado por el partido gobernante establece que los periodos de las autoridades electas por voto popular en las elecciones generales, municipales y regionales más recientes vigentes se extienden a siete años. Esta disposición también aplica a los jefes del ejército y la policía. Además, la enmienda otorga al Consejo Supremo Electoral mayores facultades para cancelar partidos y sancionar candidatos o líderes por presuntas violaciones a la soberanía.
Otro punto central de la reforma es el traslado de la fecha de toma de posesión del 10 de enero, día vinculado al asesinato del periodista Pedro Joaquín Chamorro, al 18 de enero, en homenaje a Rubén Darío. Al ser una enmienda constitucional, la medida requiere ratificación en dos sesiones legislativas; la segunda está programada para el 18 de enero de 2027, según informó Murillo.
Esta acción se produce tras 45 días de incertidumbre desencadenados por la propuesta de Ortega del 19 de julio de abolir permanentemente las elecciones, representando un retroceso respecto a esa amenaza inicial de desmantelar definitivamente el sistema electoral. La medida repite una estrategia ejecutada en 2025 para perpetuar su gobierno, cuando los diputados aprobaron una enmienda previa para establecer la copresidencia y extender el mandato presidencial de cinco a seis años.
Juan Diego Barberena, abogado opositor en el exilio, criticó la decisión afirmando que impide que el pueblo de Nicaragua pueda elegir libremente, porque solo podrán escoger entre las opciones de la dictadura, aquellas que el grupo en el poder considera elegibles para participar en una elección.
