Por Redacción
Ojocaliente, 31 de agosto de 2026.- Una comandancia de policía del municipio de Ojocaliente fue atacada la tarde de este domingo con un artefacto explosivo colocado dentro de un automóvil, incidente que dejó 10 personas heridas, 17 viviendas destruidas y daños materiales en la zona.
Las autoridades confirmaron que la agresión fue realizada por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalaron que el hecho está vinculado con una detención ocurrida el sábado pasado en los límites entre Aguascalientes y Zacatecas. Un portavoz del Gobierno estatal afirmó que la situación ya está bajo control y que los heridos han recibido atención médica, aunque precisó que uno de ellos se encuentra en “situación delicada”.
Rodrigo Reyes, secretario de Gobierno, detalló este lunes en entrevista con Radio Fórmula que el material explosivo se encontraba dentro de un automóvil particular con reporte de robo en Jalisco. El funcionario explicó que el vehículo se estacionó afuera de la comandancia alrededor de las 19:00 horas y fue detonado a distancia en el momento en que una policía caminaba hacia él para inspeccionarlo, resultando la mujer lesionada en el incidente.
La detonación dañó once vehículos, incluyendo dos patrullas de la corporación municipal. Las autoridades no han revelado los nombres ni edades del resto de las personas atendidas por los paramédicos, más allá de confirmar que entre los 10 heridos hay dos policías municipales. El municipio de Ojocaliente se ubica a 50 kilómetros al sureste de Zacatecas, la capital estatal.
El Gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano informó este lunes que trabaja en colaboración con las autoridades estatales para esclarecer lo sucedido y detener a los responsables. Este atentado ocurre apenas un mes después de que cinco cuerpos fueran colgados en un puente vehicular en la ciudad de Pánuco, ubicada a una hora de Ojocaliente.
Las primeras investigaciones tras aquel hallazgo revelaron que detrás de los homicidios estaba el Cartel de Sinaloa, cuya célula local, bajo el mando del grupo de Los Mayos y Cabrera, ordenó las ejecuciones de víctimas que incluían exfuncionarios y empresarios involucrados en actos de extorsión. La fiscalía local había informado a finales de julio que varias de aquellas víctimas se reunieron con sus atacantes antes de ser asesinadas.
