Por Redacción
Tijuana, 27 de agosto de 2026.- A través de cinco despachos de cobranza contratados mediante adjudicación directa o invitación restringida, se han recuperado cuentas de usuarios domésticos con un retraso de tres meses, lo que ha representado ingresos que superan los 400 millones de pesos tan sólo en las cuentas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).
Según información del Semanario ZETA, estas cinco empresas se distribuyen prácticamente los sectores de Tijuana y Playas de Rosarito para buscar a usuarios con retrasos de tres meses, notificarlos y dar seguimiento al cobro del recurso hídrico exclusivamente a usuarios domésticos. Por estos servicios, tres de las cinco empresas cotejadas habrían cobrado un monto de 380 millones de pesos en lo que va de la administración, cifra que corresponde entre el 20 y 25 por ciento de la recaudación que se les atribuye.
Los cinco despachos reciben 5 por ciento más de comisión que la misma Fisamex. Dos de estas empresas pertenecen a hijos de José Luis Hernández Silerio, socio del ex secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez. Entre los propietarios identificados se encuentra Josel Hernández Barroso, de la empresa BHA y Asociados, hermano de Luis Fernando y familiar de José Luis Hernández Silerio.
La CESPT, dirigida actualmente por Mónica Vega y anteriormente por Víctor Amador Barragán y Jesús García Castro, ha requerido implementar decretos y esquemas para recuperar hasta 265 mil cuentas rezagadas, lo que representa un estimado del 40 por ciento de usuarios que no pagan. De un total de 750 mil usuarios activos reportados en diciembre de 2025, 664 mil corresponden a usuarios domésticos.
Aunque el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda criticó e inició investigaciones administrativas y penales contra Fisamex por medidas de extorsión al cobrar el 20 por ciento por derechos de conexión al sector industrial y comercial, la actual administración ha decidido utilizar un esquema similar ampliado a toda la población. La única diferencia señalada es que las comisiones de agua de Baja California utilizaron mecanismos mucho más suaves para evitar reclamos e inconformidad por parte de la ciudadanía.
El abogado Guillermo Rivera, quien combatió mediante amparos los actos abusivos de Fisamex durante la administración de Jaime Bonilla Valdez, refirió sobre este tipo de despachos de cobranza.
