Ciudad De México, 11 de julio de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el proceso penal por el caso Agronitrogenados contra Emilio Lozoya y Alonso Ancira se encuentra detenido debido a dos apelaciones pendientes. La dependencia señaló que estos recursos jurídicos interpusieron un obstáculo para continuar con el procedimiento penal en contra de ambos involucrados.
El caso involucra la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados por parte de Pemex, cuando era dirigida por Emilio Lozoya, por 275 millones de dólares, operación que presentó un sobrecosto de 216 millones. La FGR dio a conocer el estado del acuerdo con Alonso Ancira, accionista mayoritario de Altos Hornos de México (AHMSA), en el contexto de estas trabas legales.
De acuerdo con la información proporcionada, existen dos apelaciones derivadas de un juicio de amparo promovido por Emilio Lozoya que abarca también a Alonso Ancira. Un juez de control había decidido reservar la aprobación definitiva del acuerdo de Ancira en junio de 2024, precisamente por este amparo. Aunque el amparo de Lozoya fue descartado en noviembre de 2025, el exdirector de Pemex interpuso un segundo recurso, cuyo fallo se emitió el 19 de junio de 2026.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal confirmó la negativa de los amparos; sin embargo, Emilio Lozoya interpuso dos apelaciones que siguen a la espera de resolución judicial. Mientras estas apelaciones permanezcan pendientes, la FGR no puede avanzar con el proceso penal. La dependencia no mencionó cuándo se resolverán dichos recursos.
La FGR utilizó la existencia de estas apelaciones para explicar la falta de 112 millones de dólares en la reparación del daño por parte de Alonso Ancira. El acuerdo establecido contemplaba un pago en tres partes, siendo la última en noviembre de 2023, monto que no fue cubierto debido a un proceso de reestructuración de AHMSA.
Inicialmente, la FGR iba a reanudar el proceso penal por dicho faltante, pero se obtuvo una prórroga hasta noviembre de 2024, la cual fue interrumpida por el amparo de Emilio Lozoya. La resolución judicial establece que no es posible determinar de manera definitiva el proceso de pago mientras el amparo de Lozoya se encuentre pendiente.
