Ciudad de Mexico, 27 de mayo de 2026.- Las labores de búsqueda para localizar a siete hombres desaparecidos en la comunidad de Apanguito, municipio de Atenango del Río, Guerrero, continúan con la participación de 250 agentes de seguridad de los tres órdenes de Gobierno. El 22 de abril de 2026 se cumplieron cinco días de la desaparición de Asunción Bello Escamilla, de 41 años; Diego Bello Agustín, de 19; Valente Bello Agustín, de 18; Mario Bello Escamilla, de 57; Sebastián Riquelme Escamilla, de 23; Cristóbal Pineda, de 40, y Eriberto Pineda, de 38.
Emmanuel Guevara Cárdenas, presidente municipal de Atenango del Río, señaló que “las labores de búsqueda para localizar a los siete hombres desaparecidos en la comunidad de Apanguito, municipio de Atenango del Río, en la zona Norte de Guerrero, continúan con la participación de 250 agentes de seguridad de los tres órdenes de Gobierno”.
En Michoacán, fueron vinculados a proceso dos exfuncionarios y tres policías durante la gestión del exgobernador Silvano Aureoles por homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura en el caso Arantepacua. Los implicados son Jorge N., exdirector de Tránsito; Juan Carlos N, quien fuera titular de la Unidad de Restablecimiento del Orden Público; así como Azael, Bulmaro y Marco Antonio N. La audiencia de vinculación a proceso se prolongó por 34 horas y se celebró de forma privada.
Asimismo, el exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Carlos Oseguera, fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad en agravio de la periodista Dalia Villegas Moreno. Los hechos ocurrieron el 2 de noviembre en Palacio de Gobierno, cuando la comunicadora cubría una intervención policial durante una protesta. La audiencia concluyó alrededor de las 4:19 horas de un jueves en el Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, tras cerca de 11 horas de sesión.
El juez fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, la cual deberá cerrarse el 16 de junio. La autoridad judicial únicamente consideró acreditado el abuso de autoridad, descartando los delitos de intimidación y robo calificado. El magistrado determinó que no se acreditó el elemento del ‘ánimo de apropiación’ del teléfono celular de la periodista, aunque le fue arrebatado, y desestimó la intimidación al no probarse que la víctima recababa evidencia con fines de denuncia. Como medida cautelar, se impuso al exsecretario la prohibición de acercarse a la víctima.
En otro frente, autoridades federales informaron el desmantelamiento de una red dedicada al robo y comercialización de hidrocarburo en la zona centro del país, liderada por Mauricio N., alias ‘el Burras’. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó la detención de siete personas en operativos realizados en el Estado de México e Hidalgo, entre ellos Joaquín Arturo N., alias ‘Coquis’; Mejía N.; Julio N.; César N., alias ‘Pingüino’; Jorge N., y Mauricio N., alias ‘Pepón’.
En 10 inmuebles incautados en Hidalgo y 10 más en el Estado de México se aseguraron más de 101 mil litros de gas LP, 61 pipas, 55 autotanques, 20 tanques de almacenamiento, 11 tractocamiones, 12 vehículos sedán, alrededor de medio millón de pesos en efectivo, equipo tecnológico, 10 camionetas, un cuatrimoto y tres motocicletas. “Estas acciones también derivaron en el aseguramiento de hidrocarburo, vehículos, armamento, recursos económicos y equipos de extracción y distribución, afectando de manera directa sus capacidades operativas y financieras”, dijo García Harfuch.
Previamente, el 15 de abril de 2026 se reportó la muerte de Jesús Espinoza Rochín, médico y presidente municipal de Nuevo Parangaricutiro, Michoacán, mientras recibía atención médica en un hospital de Uruapan. Dos días después, el 17 de abril, fuerzas federales se desplegaron en distintos puntos de Uruapan para realizar cateos simultáneos en al menos seis domicilios, incluyendo una vivienda en la colonia México propiedad del exalcalde Ignacio Campos. En el operativo participaron agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.
