Ciudad De México, 12 de abril de 2026.- La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Baja California Sur confirmó la vinculación a proceso del ex oficial mayor Alan Sotelo Burgoin por el delito de abuso de autoridad por simulación. El exfuncionario quedó sujeto a proceso por la contratación de una empresa financiera que debía gestionar un crédito bancario para el gobierno municipal de Los Cabos y que, pese a no realizar ningún trámite, recibió un pago millonario autorizado por Sotelo.
El juez de Control impuso tres medidas cautelares al ex oficial mayor: firma periódica quincenal, prohibición de acercarse al domicilio del Ayuntamiento de Los Cabos y vedado el acercamiento o comunicación con testigos y denunciantes. La Fiscalía señala a cinco exfuncionarios del gobierno de Óscar Leggs por firmar un contrato para conseguir un crédito de 300 millones de pesos; aunque la gestión nunca se llevó a cabo, se autorizó el pago de 14 millones 170 mil 560 pesos a la empresa financiera. Anteriormente, el exalcalde Óscar Leggs Castro y el extesorero Martín Talamantes ya habían sido vinculados a proceso por el mismo delito.
En otro frente judicial, el conductor de televisión Patricio Cabezut aseguró que demandará al periodista Carlos Jiménez (C4) por daño moral. Cabezut afirmó que Jiménez difundió incorrectamente su ratificación de vinculación a proceso por presunto abuso y calificó la información de errónea y distorsionada. “Yo no he sido sentenciado en ningún proceso. Hasta el día de hoy sigo siendo inocente. La información que este señor presenta es errónea, está distorsionada”, declaró el conductor.
Cabezut calificó de deleznable al “pseudo periodista” y señaló: “Utiliza conceptos que atentan contra mi presunción de inocencia. Hay, por lo tanto, elementos suficientes para iniciar una demanda por la vía civil por la acción de daño moral. Me humilla, atenta contra mi dignidad”. En respuesta, Carlos Jiménez refrendó que Cabezut está vinculado a proceso y aseguró que no lo callarán: “su amenaza y sobre todo el amago de su denuncia por daño moral, para mi es una más de todas la fila de personas deleznables… que busca callarme, por qué, por evidenciar su sucia realidad”.
Por su parte, la defensa del exfutbolista Omar Bravo solicitó llevar el proceso en libertad bajo fianza, pero la petición fue negada, por lo que seguirá recluido en el Penal de Puente Grande de Jalisco. Bravo, acusado por presunto abuso sexual contra una menor de 12 años de edad, podría permanecer en prisión hasta por dos años. Un juez dictó su vinculación a proceso el pasado 4 de octubre de 2025.
El abogado Juan Soltero explicó que uno de los hechos imputados ocurre cuando la víctima tenía menos de 12 años, lo cual agrava la pena. “Eso agrava la pena de 3 a 6 años, y las demás agravantes marca o mandata la ley que se tiene que aumentar hasta dos tercios la pena, entonces la pena sería de 5 a 10 años de prisión”, detalló el defensor. La defensa de la víctima solicitaría una pena dentro de ese rango, aunque las autoridades podrían imponer hasta 20 años si determinan su culpabilidad.
