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Ciudad De México, 10 de abril de 2026.- Las detenciones de inmigrantes en la vía pública se multiplicaron por once durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump, lo que equivale a un incremento de más del 1,000%, según un análisis que compara los últimos seis meses de la Administración de Joe Biden con los datos a marzo de 2026.

El reporte indica que la probabilidad de que ICE tuviera como objetivo a personas con antecedentes penales se redujo considerablemente, mientras hubo un aumento de más de ocho veces en el número de detenciones de personas sin antecedentes penales. Las detenciones de inmigrantes sin antecedentes penales por parte han aumentado un 770% en el segundo mandato de Trump.

Este aumento se tradujo en un incremento de cinco veces en el número de deportaciones. La Administración Trump cuadruplicó con creces, 4.5 veces, el número de camas de detención destinadas a las personas arrestadas dentro del territorio estadounidense. La liberación en un plazo de 60 días tras la detención se convirtió en un suceso excepcional, representando solo el 7%.

Para financiar estos operativos, el Gobierno de Donald Trump destinó más de 250 millones de dólares en Estados Unidos para programas de cooperación entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y departamentos de policías locales. 976 departamentos de policía en todo el país han firmado este tipo de acuerdos, recibiendo más de 100 mil dólares por departamento, con un bono adicional de 7.500 por cada agente que entre en el programa.

La tensión derivada de estas políticas se ilustró la semana pasada, cuando un conductor llamado Carlos Iván Mendoza Hernández fue herido por agentes del ICE cerca de la Interestatal 5 en la ciudad de Patterson, California. Todd Lyons, director interino de ICE, dijo que los oficiales migratorios efectuaron los disparos defensivos después de que Mendoza Hernández supuestamente intentara atropellar a uno de ellos.

Patrick Kolasinski, abogado de Carlos Iván Mendoza Hernández, contradijo la versión oficial: “Fue muy claro en este punto: que retrocedió (su vehículo) porque intentaba huir, dado que le estaban disparando”. El abogado negó que su cliente fuera miembro de alguna pandilla, a diferencia de lo afirmado por Lyons, y mostró documentos que lo habían absuelto de una acusación que enfrentó en El Salvador.

El impacto en la comunidad también se refleja en el caso de Jesús Juárez Cruz, un inmigrante mexicano de 50 años que murió a finales de febrero. Juárez nunca fue a un hospital por miedo a ser detenido y deportado por ICE. Su viuda, Guadalupe, declaró: “We were afraid that ICE agents would come and take him away”.

Desde que Trump regresó al poder el año pasado, han surgido informes de agentes enmascarados entrando en hospitales para realizar arrestos, una práctica que había sido prohibida durante años. Las autoridades migratorias han estado bajo el escrutinio público después de que agentes dispararon mortalmente contra dos ciudadanos estadounidenses en enero pasado en medio de los agresivos operativos en Minnesota.

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