Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) emitieron un comunicado para aclarar el estatus jurídico de la Colección Gelman, tras confirmar que su traslado programado para junio próximo a España se realizará bajo un acuerdo de gestión temporal y no implica una venta o cambio de propiedad.
Según el informe institucional, la colección, que reúne alrededor de 160 obras, pertenece a coleccionistas mexicanos integrantes de la familia Zambrano y no a la Fundación Banco Santander. Las autoridades enfatizaron que la autorización para la salida de las piezas fue otorgada únicamente de manera temporal, desmintiendo rumores sobre una enajenación del patrimonio.
Por su parte, la Fundación Banco Santander detalló que su participación en el proyecto se limita exclusivamente a funciones de gestión, coordinación y difusión cultural. La entidad financiera garantizó que, aunque está prevista la realización de exhibiciones temporales en el extranjero, todas las obras regresarán a México al concluir los ciclos expositivos.
En medio de las especulaciones sobre el destino de este acervo, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró públicamente que su deseo es que la colección permanezca en territorio nacional. “Hay que hablar con quien tiene esta colección”, señaló la mandataria, refiriéndose a los propietarios privados de las obras.
La Colección Gelman, conformada originalmente por Jacques y Natasha Gelman desde la década de 1940, es considerada una de las agrupaciones privadas más importantes de arte moderno en México. Tras casi dos décadas sin exhibirse en el país, las piezas fueron presentadas recientemente en el Museo de Arte Moderno en una muestra programada del 17 de febrero al 17 de mayo de 2026.
Entre las obras resguardadas se incluyen 30 que cuentan con la declaratoria de Monumento Artístico, entre ellas creaciones de Frida Kahlo y Diego Rivera. Esta clasificación legal prohíbe taxativamente la salida definitiva de dichas piezas de México, lo que blindaría el retorno de los bienes culturales independientemente de los acuerdos de gestión internacional vigentes.
