Trenton, 27 de marzo de 2026.- La Fiscalía General anunció la emisión de órdenes de captura contra siete cabecillas principales de la Segunda Marquetalia, señalados como responsables intelectuales del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. La medida judicial se acompaña de un esquema de recompensas que alcanza los cinco mil millones de pesos por información que conduzca a la ubicación de alias Iván Márquez, mientras que por John 40 y Zarco Aldinever se ofrecen cuatro mil millones de pesos para cada uno.
Luz Adriana Camargo, titular de la Fiscalía General, junto con Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), participaron en el anuncio de estas acciones judiciales. Las autoridades indicaron que el proceso no solo persigue a los ejecutores materiales, sino que también apunta a establecer responsabilidades de tipo administrativo y preventivo al interior de la entidad encargada de la seguridad de los funcionarios públicos.
La investigación determinó que el magnicidio fue resultado de una operación criminal estructurada. Aunque se han identificado a siete mandos de la organización disidente como objetivos de las órdenes de captura, las cifras de recompensa especificadas en los datos duros corresponden únicamente a tres de ellos: alias Iván Márquez, quien encabeza la lista con el mayor incentivo económico, seguido por John 40 y Zarco Aldinever con montos equiparables.
El caso ha generado un seguimiento estrecho por parte de las instituciones de justicia y protección estatal. La inclusión del director de la UNP en el contexto de los involucrados responde a las líneas de indagación que buscan esclarecer posibles fallas en los protocolos de seguridad previos al atentado contra el senador, quien falleció como consecuencia de las heridas recibidas durante el ataque.
Las recompensas establecidas buscan incentivar a la ciudadanía y a posibles colaboradores para aportar datos que permitan la localización de los prófugos. La estrategia combina la presión judicial mediante las órdenes de captura con estímulos económicos significativos, reflejando la prioridad que las autoridades otorgan a la desarticulación de los cabecillas de la Segunda Marquetalia vinculados a este crimen político.
Con esta decisión, el sistema judicial avanza en la imputación de cargos contra la cúpula de la organización armada, manteniendo la vigencia de las investigaciones para determinar el alcance total de la red logística y operativa que facilitó el asesinato. Las autoridades continúan recopilando elementos de prueba para fortalecer los procesos penales en contra de los siete identificados.
