Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó las reformas a la Ley de Vivienda que modifican el funcionamiento de Infonavit y Fovissste, permitiendo que estos organismos constituyan filiales para comprar terrenos, construir, remodelar y comercializar viviendas para venta o renta. La votación en lo general contó con 356 votos a favor y 99 en contra, mientras que en lo particular se registraron 354 votos a favor y 95 en contra, según los datos duros de la sesión legislativa.
La iniciativa, impulsada por el partido Morena y sus aliados, busca cambiar el concepto constitucional de “vivienda digna y decorosa” por el de “vivienda adecuada” y transforma el rol de las instituciones de vivienda: de ser facilitadoras de crédito pasan a actuar como intermediarias directas en el mercado inmobiliario. La reforma autoriza una inversión de 10,000 millones de pesos para programas de vivienda en el estado de Sonora, donde la meta de construcción se elevó de 33,800 a 65,000 unidades; de estas, 9,694 se encuentran en construcción y 18,126 en etapa de planeación.
Durante el debate, legisladores del PAN y del PRI objetaron la reforma argumentando que se traslada la carga de la construcción a los fondos de los trabajadores y se altera el modelo original de las instituciones. La diputada Blanca Gutiérrez Garza, del PAN, criticó el cambio de esquema, aunque el contenido completo de su declaración no fue detallado en los registros disponibles de la sesión. Por su parte, los promotores de la ley defienden el nuevo modelo como parte de la estrategia de “vivienda del bienestar”.
La aprobación de estas modificaciones ocurre en un contexto de hiper-reformismo constitucional en México, donde expertos jurídicos han señalado que cambios terminológicos en la Carta Magna podrían no tener efectos profundos si no se acompañan de mecanismos de ejecución eficaces. La última reforma publicada a la Ley de Vivienda data de enero de 2026, lo que indica una actividad legislativa intensa en la materia durante el primer trimestre del año.
Paralelamente a la discusión federal, se han reportado conflictos locales relacionados con la gestión de servicios urbanos en distintas entidades, aunque estos casos no forman parte del dictamen aprobado en San Lázaro. La reforma entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación y la promulgación correspondiente, marcando un precedente en la política habitacional del sexenio actual.
