Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó el estatus de donatarias autorizadas a más de 100 organizaciones de la sociedad civil en México, entre ellas el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). La medida ha generado una discrepancia legal, pues mientras las organizaciones aseguran haber cumplido con la acreditación ante la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), la autoridad fiscal sostiene que dicho organismo no tenía las atribuciones necesarias para validar dichas actividades.
De acuerdo con la información disponible, al menos 13 organizaciones ya han sido dadas de baja oficialmente tras la notificación del SAT. El IMCO, asociación civil fundada en 2003, afirmó haber cumplido puntualmente con sus obligaciones fiscales y con los requisitos de acreditación solicitados por la SECIHTI. Sin embargo, la nueva interpretación del SAT sobre las disposiciones vigentes invalida los procesos realizados ante la secretaría, dejando sin el beneficio de emitir deducibles a numerosas entidades que operan en sectores de investigación, educación y desarrollo social.
La contradicción central del caso radica en que las organizaciones actuaron bajo el amparo de los lineamientos establecidos por la SECIHTI, pero el SAT considera ahora que dicha dependencia no estaba facultada para otorgar las credenciales requeridas para mantener el estatus de donataria. Esta postura ha dejado en un limbo administrativo a más de un centen de instituciones que dependen de la capacidad de recibir donativos deducibles para financiar sus operaciones.
Ante la revocación, el IMCO presentó una nueva solicitud ante el SAT el pasado 18 de noviembre, buscando regularizar su situación bajo las nuevas disposiciones. No obstante, no se ha hecho pública la resolución final de dicho trámite ni se ha divulgado una lista completa de las más de 100 organizaciones afectadas por esta medida administrativa.
Este movimiento ocurre en un contexto donde diversas fuentes internacionales han señalado narrativas de criminalización hacia las organizaciones no gubernamentales, aunque no existen datos específicos que vinculen directamente el caso mexicano con tendencias globales. La falta de claridad sobre las fechas exactas de notificación y los detalles precisos de las nuevas disposiciones exige a las organizaciones civiles una adaptación inmediata a los criterios unilaterales establecidos por la autoridad tributaria.
