Por Redacción
Morelos, 22 de marzo de 2026.- La periodista Verónica Bacaz denunció públicamente amenazas en su contra y señaló como responsable al diputado morenista Rafael Reyes Reyes, a quien vinculó con un adeudo de 120 mil pesos por un convenio de publicidad. En su declaración, la comunicadora exigió la activación inmediata de los Mecanismos de Protección para Periodistas ante el riesgo que enfrenta ella, su familia y sus compañeros de trabajo.
Bacaz estableció una condición clara respecto a su integridad física: “Si algo me pasa a partir de este momento, quiero decir que el responsable es el diputado morenista Rafel Reyes Reyes y los diputados aliados que estén con él”. La periodista hizo énfasis en que cualquier eventualidad debe ser investigada teniendo como principal sospechoso al legislador, cuya identidad aparece en los registros con variaciones ortográficas entre “Rafael” y “Rafel”.
La denuncia incluye una solicitud formal para que las autoridades competentes activen los protocolos de seguridad. “Quiero que se activen los Mecanismos de Protección para Periodistas, porque si le pasa algo a mí, a mi familia y compañeros, se investigue principalmente a Rafael Reyes Reyes”, afirmó Bacaz. Hasta el momento, no se han registrado declaraciones del diputado acusado ni respuestas oficiales del partido Morena sobre las acusaciones.
El conflicto parece estar relacionado con aspectos financieros, específicamente con 120 mil pesos correspondientes a adeudos de un convenio de publicidad. Sin embargo, la investigación no detalla la naturaleza de los reportajes publicados por Bacaz que pudieron motivar las tensiones previas a esta denuncia pública.
Este caso marca un precedente en la entidad, ya que la periodista indicó que sería la primera amenaza registrada contra una comunicadora bajo la administración de Margarita González Saravia, quien se convirtió en la primera mujer en llegar a la gubernatura de Morelos por la vía de Morena. La situación pone a prueba los mecanismos de seguridad para la prensa en el estado y la capacidad de respuesta de las instituciones ante denuncias que involucran a funcionarios electos.
La falta de información sobre la fecha concreta en que ocurrieron las amenazas y la ausencia de una respuesta formal por parte del mecanismo de protección o del legislativo local mantienen la incertidumbre sobre los siguientes pasos legales. La atención pública se centra ahora en si las autoridades procederán con la activación de las medidas de seguridad solicitadas por la víctima.
