Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La crisis del sistema de justicia penal en México alcanzó niveles críticos este año, caracterizada por una impunidad estructural que deja sin resolución efectiva apenas uno de cada 10 delitos y una violencia letal que cobró la vida de 82 policías entre enero y el 10 de marzo de 2026, según revelaron informes de las organizaciones civiles México Evalúa y Causa en Común.
El estudio ‘Radiografía de la Impunidad en México: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal 2024’, presentado por México Evalúa con base en datos del INEGI, expone que aunque el 93.8% de las denuncias logran abrir una carpeta de investigación, solo el 6.28% de los casos avanza hacia una acción penal concreta. Esta desconexión entre la denuncia y la sanción perpetúa un ciclo de inseguridad donde la mayoría de los delitos quedan en la oscuridad.
La situación es aún más grave en entidades como Coahuila y Durango, donde la cifra negra de delitos no denunciados alcanza el 90.7% y 92.6%, respectivamente. Estos datos reflejan una profunda desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones encargadas de impartir justicia, así como el temor a las represalias o la creencia de que la denuncia no traerá beneficios tangibles.
Paralelamente, la organización Causa en Común alertó sobre el costo humano de esta crisis en las fuerzas de seguridad. El reporte indica que 82 elementos policiales fueron asesinados en los primeros dos meses y medio de 2026, lo que promedia casi un homicidio diario de agentes encargados de la seguridad pública. Esta violencia contra la policía debilita la capacidad operativa del Estado para combatir al crimen organizado y mantener el orden público.
La convergencia de alta impunidad judicial y ataques letales contra la policía configura un escenario de colapso funcional del sistema de justicia penal. Expertos señalan que sin mecanismos efectivos para procesar y sancionar a los delincuentes, así como sin protección real para los servidores públicos, la estrategia de seguridad se vuelve insostenible a mediano plazo.
Ante este panorama, las organizaciones civiles exigen al gobierno federal implementar reformas urgentes que fortalezcan la cadena de custodia, mejoren la profesionalización de las corporaciones policiacas y garanticen la independencia judicial. De no revertirse estas tendencias, se prevé un aumento en la percepción de inseguridad y una mayor erosión del tejido social en todo el territorio nacional.
