Por Redacción
Estados Unidos, 19 de marzo de 2026.- El Departamento de Estado estadounidense anunció la expansión de su programa de fianzas migratorias, que a partir del 2 de abril de 2026 requerirá un depósito de $15,000 dólares a ciudadanos de 50 países, incluyendo 12 naciones recién incorporadas. La medida, enmarcada en las políticas migratorias restrictivas de la Administración Trump, busca reducir costos de deportación mediante un mecanismo que ha mostrado 97% de cumplimiento en su versión actual.
Los doce países agregados a la lista son Nicaragua, Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez. Estos se suman a los 38 países que ya estaban sujetos al requisito de fianza, aunque el comunicado oficial no especificó la lista completa de naciones previamente afectadas.
Según datos del Departamento de Estado, el programa existente ha demostrado efectividad con un índice de cumplimiento del 97%, lo que significa que la mayoría de los viajeros que pagan la fianza cumplen con los términos de su visa y recuperan el dinero. La medida se justifica económicamente al comparar el costo promedio de una deportación, estimado en $18,000 dólares, contra el ahorro proyectado de $800 millones anuales para el gobierno estadounidense.
La implementación de esta política refleja el enfoque migratorio de la actual administración, que prioriza mecanismos financieros para garantizar el retorno de visitantes temporales. El Departamento de Estado destacó que la fianza es reembolsable una vez que los viajeros demuestren haber abandonado Estados Unidos dentro del plazo establecido por su visa.
Analistas consideran que esta expansión podría afectar especialmente a ciudadanos de países en desarrollo, donde $15,000 dólares representan una barrera financiera significativa. La medida se suma a otras restricciones migratorias implementadas durante el actual gobierno, aunque autoridades insisten en que el programa está diseñado para ser autofinanciable y no restrictivo per se.
La falta de transparencia sobre los criterios específicos para incluir países en el programa ha generado interrogantes entre observadores internacionales. Tampoco se ha detallado el mecanismo exacto de devolución de la fianza, aspectos que según críticos deberían ser clarificados antes de la implementación en abril.
