Por Redacción
La República, 18 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma constitucional electoral, denominada ‘Plan B’, que busca modificar el uso de tiempos oficiales en medios y reducir el número de partidos políticos, en el marco de la preparación para las elecciones de 2027. La propuesta, que requiere mayoría calificada en el Congreso, ha generado un intenso debate, con la oposición acusando un intento de concentración de poder y el oficialismo defendiendo su carácter democrático.
El proyecto se discute en el Senado en un contexto político sensible, donde se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, congresos locales y presidencias municipales. Sheinbaum, quien mantiene una popularidad cercana al 70%, argumenta que la iniciativa moderniza el sistema electoral sin vulnerar la equidad.
Sin embargo, figuras como el expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, han alertado que los cambios podrían permitir una campaña gubernamental permanente al flexibilizar las reglas sobre la difusión de logros de gobierno en períodos electorales, lo que afectaría la imparcialidad de las contiendas.
Desde la oposición, el líder del PRI, Alejandro Moreno, y Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano (MC), han calificado la iniciativa como un paso hacia el autoritarismo que busca consolidar una hegemonía de Morena. Advirtieron que la reforma podría debilitar la autonomía municipal y las instituciones electorales locales.
La iniciativa también plantea establecer una fecha específica para la revocación de mandato, aunque los detalles concretos de esta figura y el número exacto de artículos constitucionales a modificar no han sido divulgados públicamente en su totalidad. Los partidos aliados de Morena, el PVEM y el PT, se encuentran en proceso de negociación para definir su postura oficial.
El debate ocurre paralelamente a la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), lo que añade una capa de complejidad al escenario político nacional. Analistas consideran que la aprobación o rechazo de esta reforma marcará el tono de la contienda electoral de 2027 y definirá el balance de poder en las instituciones mexicanas.
