Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y el secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini, se enfrentaron en un cruce de acusaciones por la responsabilidad en el colapso de un edificio en la colonia San Antonio Abad que dejó tres personas muertas el pasado 9 de marzo. El incidente ocurrió en el inmueble ubicado en San Antonio Abad 124, donde se realizaba una demolición que había sido autorizada mediante un polémico Acuerdo de Facilidades del gobierno capitalino, tras haber sido negada inicialmente por la alcaldía debido a riesgos graves.
Rojo de la Vega señaló que la responsabilidad de supervisar la obra recaía en el gobierno de la capital, ya que el Acuerdo de Facilidades “obligaba a las autoridades de la Ciudad de México a supervisar la obra, coordinar el proceso y garantizar la seguridad”. La alcaldesa calificó la decisión de autorizar la demolición como deliberada, afirmando: “No fue un error. Fue una decisión”.
En respuesta, el secretario Inti Muñoz Santini sostuvo en conferencia de prensa que la responsabilidad primaria de vigilancia correspondía de manera ineludible a la alcaldía Cuauhtémoc, “con o sin acuerdo de facilidades”. Esta postura contradice directamente la de la alcaldesa, generando un conflicto público sobre quién debió garantizar las condiciones de seguridad durante los trabajos.
El permiso de demolición había sido negado inicialmente el 17 de octubre por la alcaldía, tras detectarse al menos diez riesgos graves en la estructura. Sin embargo, apenas tres días después, el 20 de octubre, el gobierno de la Ciudad de México autorizó los trabajos mediante el mecanismo de Acuerdo de Facilidades, un instrumento que modifica los procedimientos ordinarios de supervisión.
Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles sobre la identidad de las tres víctimas mortales, la hora exacta del colapso ni el estado actual de la investigación oficial. Tampoco se ha hecho pública la identificación completa de la empresa dueña del edificio donde ocurrió la tragedia.
Este caso expone las tensiones y vacíos en los mecanismos de supervisión de obras de riesgo entre el gobierno central de la Ciudad de México y las alcaldías, particularmente cuando se utilizan figuras como los Acuerdos de Facilidades que modifican la distribución habitual de responsabilidades. La falta de claridad sobre el proceso de autorización y vigilancia posterior mantiene en el limbo la determinación final de responsabilidades por las tres muertes.
