Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes una reforma constitucional que permite la cadena perpetua, eliminando una prohibición histórica en la Carta Magna del país centroamericano. La iniciativa del gobierno de Nayib Bukele obtuvo 59 votos a favor y solo uno en contra, en una sesión donde el oficialismo demostró su amplia mayoría parlamentaria.
La reforma fue presentada con 57 firmas de diputados, diez más de las requeridas para modificar la Constitución, y contó con el respaldo del partido Nuevas Ideas que domina la cámara con 60 escaños. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, y la diputada Suecy Callejas fueron algunos de los principales promotores de la medida.
El proceso legislativo se caracterizó por su celeridad, ya que la iniciativa fue aprobada sin estudio previo ni debate profundo según reportes de medios locales. La votación se realizó en el contexto del estado de excepción vigente desde marzo de 2022, que ha sido prorrogado continuamente como parte de la estrategia de seguridad del gobierno contra pandillas y crimen organizado.
La diputada Callejas defendió la medida argumentando que busca proteger a la población de los delitos más graves. “Estamos dando un paso histórico para garantizar la seguridad de los salvadoreños”, declaró durante la sesión plenaria.
Pese al amplio respaldo oficialista, la reforma aún requiere una ratificación en una futura sesión plenaria para entrar en vigencia. Esta segunda votación deberá realizarse en una legislatura diferente, según establece el procedimiento constitucional salvadoreño.
La aprobación de la cadena perpetua representa un cambio radical en la política penal de El Salvador, donde tradicionalmente se había mantenido la prohibición de penas perpetuas. La medida forma parte de un paquete más amplio de reformas legales que el gobierno impulsa para fortalecer su estrategia de seguridad.
Organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por la medida, argumentando que podría violar estándares internacionales sobre derechos humanos y tratamientos penitenciarios. Sin embargo, el gobierno salvadoreño mantiene que es necesaria para combatir la criminalidad que afecta al país.
