Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- Las autoridades rusas iniciaron el bloqueo de la aplicación de mensajería Telegram en su territorio, generando más de 2,500 quejas de usuarios por fallas en el servicio durante la mañana de este lunes, según reportó el diario Kommersant. La medida afecta a aproximadamente 100 millones de usuarios en Rusia y se produce tras exigencias judiciales para que la plataforma localice servidores con datos de usuarios.
El bloqueo se implementa principalmente en Moscú, San Petersburgo y otras ciudades de la parte europea de Rusia, donde los usuarios reportaron dificultades para acceder al servicio. Esta acción representa la escalada de un conflicto que comenzó en febrero con la ralentización del servicio y que siguió al bloqueo previo de WhatsApp, que era la aplicación de mensajería más popular en el país.
La Justicia rusa exige a Telegram que localice los servidores que almacenan información de los usuarios, acusando a la plataforma de ofrecer un espacio para estafadores y personas que cometen diversos delitos. Por su parte, Pável Dúrov, dueño de Telegram, aseguró que las autoridades rusas buscan censurar la libertad de expresión en el país.
La Duma, cámara de diputados de Rusia, había alertado la semana pasada que Telegram dejaría de funcionar pronto incluso con el uso de VPN, anticipando las dificultades que los usuarios enfrentarían para eludir las restricciones impuestas por el gobierno.
El conflicto refleja la tensión entre las exigencias de seguridad nacional y acceso a datos por parte del gobierno ruso frente a los principios de privacidad y libertad de expresión defendidos por la plataforma. La medida se enmarca en una tendencia de mayor control gubernamental sobre las plataformas digitales en Rusia.
La situación genera incertidumbre sobre el futuro de las comunicaciones digitales en el país, donde Telegram se había convertido en una herramienta esencial para millones de usuarios, incluyendo periodistas, activistas y ciudadanos comunes que buscaban alternativas a los servicios controlados más directamente por el Estado.
