Por Redacción
Chiapas, Mexico, 15 de marzo de 2026.- La Secretaría de Protección Civil de Chiapas se deslindó de cualquier responsabilidad por incidentes derivados de la realización del evento “Rodeo de Media Noche” en la Plaza de Toros La Coleta, después de que la administración municipal encabezada por Fabiola Ricci Diestel permitió su desarrollo pese a una prohibición estatal. La dependencia advirtió sobre riesgos estructurales y logísticos en el inmueble y anunció que ya inició un proceso legal en contra del ayuntamiento por el desacato a las medidas de seguridad.
Según un comunicado oficial de la Secretaría de Protección Civil del estado, las autoridades municipales de San Cristóbal de Las Casas, incluyendo su Protección Civil y la policía, autorizaron y permitieron la celebración del evento durante el fin de semana del 14 de marzo, a pesar de que la autoridad estatal había determinado que el recinto no reunía las condiciones de seguridad necesarias para albergar a un público masivo.
La dependencia estatal señaló que, ante la negativa del gobierno municipal de acatar la medida preventiva, procedió a iniciar el correspondiente proceso legal en su contra. Con esta acción, el gobierno de Chiapas busca establecer responsabilidades administrativas por la posible puesta en riesgo de la integridad de los asistentes al rodeo.
El desacato a las disposiciones de protección civil evidencia un conflicto institucional entre los gobiernos estatal y municipal en Chiapas. La administración de Fabiola Ricci Diestel, quien asumió la presidencia municipal en octubre de 2024, ha mantenido una relación compleja con el gobierno estatal en varios frentes, y este incidente representa una escalada pública en materia de seguridad y aplicación de la normativa.
Hasta el momento, la presidencia municipal de San Cristóbal de Las Casas no ha emitido un posicionamiento oficial sobre las acusaciones de la Secretaría de Protección Civil estatal. Tampoco se han reportado incidentes o heridos durante la realización del “Rodeo de Media Noche”, aunque la autoridad estatal insistió en que su advertencia se basó en una evaluación técnica de riesgos.
El caso podría derivar en sanciones económicas o administrativas para el ayuntamiento, dependiendo del resultado del proceso legal iniciado. Analistas políticos locales señalan que este tipo de fricciones suelen intensificarse en períodos previos a procesos electorales, aunque no descartan que el origen sea una genuina discrepancia técnica sobre las condiciones de los espacios públicos en el municipio.
