Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Un juez federal absolvió y ordenó la liberación de Javier ‘N’, el único detenido por el asesinato del líder comunitario y opositor a la termoeléctrica de Huexca, Samir Flores, ocurrido en febrero de 2019 en Amilcingo, Morelos. La decisión, tomada la noche del viernes 13 de marzo, se basó en la insuficiencia de pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), lo que ha desatado denuncias de la comunidad sobre una investigación plagada de irregularidades, incluyendo la fabricación de culpables y la desaparición de testigos.
El abogado defensor, Víctor Hernández Vega, confirmó la liberación de su cliente tras la audiencia que inició el pasado 16 de febrero y culminó con el fallo absolutorio en Xochitepec. Según reportes, el juez consideró que las pruebas aportadas por la FGE no eran suficientes para sostener la acusación en contra de Javier ‘N’.
La comunidad indígena de Amilcingo, municipio de Temoac, ha denunciado de manera constante graves irregularidades en la investigación del crimen. Entre sus señalamientos destacan la fabricación de detenidos, la siembra de pruebas, la integración de carpetas de investigación ‘a modo’ y la obtención de declaraciones falsas. Estos señalamientos cobran mayor peso ante el destino de los testigos presentados inicialmente por la Fiscalía: de los tres testigos, dos han fallecido y el tercero se encuentra desaparecido.
Samir Flores Soberanes fue asesinado a tiros la madrugada del 20 de febrero de 2019 frente a su domicilio en Amilcingo. Era un reconocido opositor al Proyecto Integral Morelos, que incluía la construcción de la termoeléctrica de Huexca, y su muerte conmocionó a las comunidades de la región y a organizaciones defensoras de derechos humanos, que desde entonces han exigido justicia.
La absolución del único imputado deja el caso en un punto muerto y evidencia las fallas en la procuración de justicia. La comunidad y la familia de Samir Flores exigen una investigación real, independiente y transparente que esclarezca el crimen y sancione a los responsables materiales e intelectuales, así como a quienes pudieron haber incurrido en irregularidades durante el proceso.
Este fallo judicial pone nuevamente en el centro del debate la actuación de la entonces fiscalía estatal, encabezada por Uriel Carmona, y la presión por resolver un crimen de alto impacto político. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la apertura de una investigación contra el exfiscal o otros servidores públicos por su manejo del caso.