Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- México registró 390,000 personas desplazadas forzadamente entre 2016 y 2024, según datos de organizaciones civiles que solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vigilar esta crisis humanitaria que afecta principalmente a estados como Morelos y Guerrero. La problemática se agrava con casos de ejecuciones extrajudiciales y deficiencias en investigaciones de crímenes vinculados al crimen organizado transnacional, cuyas actividades ilícitas van más allá del narcotráfico e involucran a entidades legales y estatales.
Las cifras oficiales indican que el desplazamiento forzado continúa en aumento, con 28,900 personas afectadas en 2024 y 15,795 en 2025, principalmente en contextos de disputas territoriales y presencia de grupos criminales. Las organizaciones de la sociedad civil han documentado cómo comunidades enteras abandonan sus hogares ante la violencia generada por estos grupos.
Paralelamente, persisten graves irregularidades en la procuración de justicia. En el caso del asesinato del activista Samir Flores Soberanes, la Fiscalía federal presentó pruebas insuficientes contra Javier ‘N’, único detenido, lo que resultó en su absolución. Durante el proceso, dos testigos clave fueron asesinados y agentes ministeriales incurrieron en contradicciones que debilitaron la investigación.
En otro caso emblemático, el Estado mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas, perpetrada por el Ejército, y propuso un acuerdo amistoso. Sin embargo, la familia de la víctima exige un reconocimiento expreso de la responsabilidad de las fuerzas armadas en este crimen.
Expertos señalan que el crimen organizado transnacional opera a través de múltiples actividades ilícitas con participación de entidades legales y estatales, lo que complica el combate efectivo contra estos grupos. La complejidad de estas redes criminales explica en parte las dificultades para proteger a la población y garantizar justicia en casos de violencia.
La solicitud de intervención de la CIDH busca establecer mecanismos de supervisión internacional que obliguen al Estado mexicano a implementar políticas efectivas de prevención, protección y reparación para las víctimas de desplazamiento forzado y violencia criminal.
