Por Redacción
Xalapa, Veracruz, 30 de diciembre de 2025. – La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, modificó su postura inicial sobre la detención del periodista Rafael León Segovia (conocido como “Lafita León”) y afirmó este lunes que “no hay terrorismo en Veracruz ni en México”, después de que la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionara el uso del delito de terrorismo en la imputación contra el comunicador y generara un amplio rechazo de organizaciones de prensa y defensores de la libertad de expresión.
Rafael León Segovia, periodista de nota roja con más de 20 años de trayectoria y titular de la página “Noticias con Lafita León” (con más de 40 mil seguidores), fue detenido el 24 de diciembre en su domicilio en Coatzacoalcos por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La Fiscalía General del Estado (FGE) lo imputó por terrorismo (artículo 311 del Código Penal de Veracruz), encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública. La FGE alega que León recibía información sobre hallazgos de cuerpos a cambio de pagos (aproximadamente 30 mil pesos) y que difundía mensajes violentos bajo instrucciones de grupos criminales.
Inicialmente, Nahle defendió la detención y rechazó que se tratara de un atentado a la libertad de expresión. “Para haber hecho un movimiento como el que se hizo es porque se tienen bases”, declaró, y subrayó que en Veracruz “hemos vivido un año donde perdura la libertad de expresión, yo diría que hasta con exceso”. La gobernadora insistió en que el caso no tenía relación con la labor periodística y que la ley aplica igual para todos.
El cambio de postura llegó tras la conferencia matutina del 29 de diciembre, donde la presidenta Sheinbaum expresó sorpresa y cuestionó el uso del término “terrorismo”. “Nunca ha habido una acusación así en México, yo creo que nunca”, dijo la mandataria, y pidió a la FGE explicar el fundamento jurídico del delito en este contexto. Horas después, Nahle ajustó su discurso: “No, no hay (terrorismo), pero eso después, hay que revisar el Código Penal de Veracruz”. Evitó profundizar argumentando que el caso está en proceso judicial y que la audiencia de vinculación a proceso se realizó este 30 de diciembre en el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Coatzacoalcos. “Como está en proceso de vinculación no se puede opinar hasta que esto pase y que sea la fiscalía”, señaló, insistiendo en no incurrir en un quebranto del debido proceso.
La audiencia de este martes determinó que no se vinculó a proceso por terrorismo, quedando pendientes los delitos de encubrimiento y contra instituciones de seguridad pública. La familia de León denuncia que la acusación se basa en un “testigo protegido” y busca amedrentar su labor informativa. Su hijo, Josué León, afirmó que las autoridades argumentaron que “lo que publica causa terror entre la población”, y expresó temor por represalias contra su familia.
El caso generó reacciones inmediatas. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH monitorea el asunto y pidió respeto a las garantías judiciales y al debido proceso. Artículo 19 condenó la “criminalización” del ejercicio periodístico y señaló que Veracruz lidera en acoso judicial contra comunicadores en 2025. El Centro Nacional de Comunicación Social y Reporteros Sin Fronteras expresaron preocupación por el uso de figuras penales graves como terrorismo en casos de nota roja, calificándolo de precedente peligroso.
Veracruz, bajo el gobierno de Nahle desde octubre de 2024, ha sido señalado por hostigamiento a periodistas. La Fiscalía, encabezada por Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre (propuesta por la gobernadora), no ha emitido posicionamiento detallado tras la audiencia. Nahle reiteró que “para la ley todos somos iguales” y que el caso debe resolverse en el ámbito judicial, pero su reculada refleja la presión nacional e internacional generada por la imputación inicial.
El incidente ocurre en un estado donde el gremio periodístico ha denunciado hostigamiento sistemático, y refuerza el debate sobre el uso de delitos de alto impacto en investigaciones que involucran a comunicadores, especialmente en contextos de violencia y nota roja. La resolución judicial final será clave para determinar si el caso se mantiene como un asunto de seguridad pública o si se confirma como una afectación a la libertad de expresión.
