Por Luis Martínez Alcántara
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sorprendió a propios y extraños al solicitar que se le aplique la revocación de mandato, en medio de una ola de violencia sin precedentes en el estado. Sin embargo, el Instituto Electoral de Sinaloa (IES) declaró que dicho mecanismo no es aplicable en su caso, generando controversia entre la población. Esta decisión ha sido interpretada por muchos como un respaldo al mandatario estatal, quien ha enfrentado fuertes críticas por su manejo de la seguridad pública.
La violencia provocada por el narcotráfico ha alcanzado niveles alarmantes en Sinaloa durante el gobierno de Rocha. Desde septiembre de 2024, se han registrado más de 347 asesinatos en el estado, con un promedio diario que llegó a 5,77 en octubre. La pugna interna del Cártel de Sinaloa, exacerbada tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, ha sumido a la entidad en un clima de terror e inseguridad.
El desempeño de Rocha como gobernador ha dejado mucho que desear, generando un creciente descontento entre los sinaloenses. La incapacidad para contener la violencia, sumada a los efectos devastadores en la economía y la vida cotidiana de los ciudadanos, ha llevado a diversos sectores a exigir su renuncia. Más de 50 organizaciones ciudadanas lanzaron un llamado de auxilio, denunciando el incremento de actividades delictivas como asesinatos, desapariciones y balaceras.
Ante este panorama, la solicitud de Rocha para someterse a la revocación de mandato parecía una respuesta a las demandas populares. No obstante, el IES declaró que este mecanismo no es aplicable en su caso, argumentando razones legales no especificadas. Esta decisión ha sido interpretada por muchos como un blindaje al gobernador, frustrando las esperanzas de quienes buscaban un cambio en la dirección del estado.
La situación en Sinaloa sigue siendo crítica, con la violencia extendiéndose a otros estados del norte del país. Mientras tanto, el gobierno de Rocha insiste en que la situación “se está controlando”, a pesar de la evidencia que sugiere lo contrario. La decisión del IES ha dejado a muchos sinaloenses con la sensación de que sus voces no están siendo escuchadas.
