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Por Luis Martínez Alcántara 

El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, dimitió tras la revelación de un escándalo que involucra el encubrimiento de abusos a más de 100 niños y jóvenes. Este caso se centra en John Smyth, un abogado que, durante décadas, perpetró abusos físicos y sexuales en campamentos de verano cristianos.  

La presión sobre Welby aumentó después de que un informe independiente expusiera la falta de acción de la Iglesia de Inglaterra ante las denuncias de estos abusos, lo que ha generado una ola de indignación pública y ha puesto en tela de juicio la integridad de la institución religiosa.

La investigación, conocida como el Informe Makin, concluyó que Welby no actuó adecuadamente al enterarse de los abusos en 2013. En su declaración de renuncia, el arzobispo reconoció que debía asumir la responsabilidad tanto personal como institucional por no haber garantizado una investigación adecuada. Esta situación ha renovado el sentido de vergüenza dentro de la Iglesia Anglicana, que ha sido criticada por su cultura de encubrimiento y falta de apoyo a las víctimas. 

Smyth, quien fue miembro destacado del Iwerne Trust, utilizaba su posición para abusar de jóvenes en campamentos durante las décadas de 1970 y 1980. A pesar de que se conocían los abusos desde 1982, las denuncias no fueron trasladadas a las autoridades hasta 2013, lo que evidencia un fallo sistemático en el manejo del caso por parte de la iglesia. Las víctimas han expresado su alivio por la renuncia de Welby, considerándola una oportunidad para sanar y buscar justicia.

El escándalo sacudió los cimientos de la Iglesia Anglicana, que enfrenta desafíos significativos en un contexto donde la asistencia a los servicios religiosos ha disminuido drásticamente. Los líderes religiosos ahora deben lidiar con las consecuencias del encubrimiento y trabajar para restaurar la confianza entre sus feligreses y la comunidad en general. La renuncia de Welby marca un momento crítico para la iglesia en su búsqueda por abordar el abuso histórico y mejorar sus políticas de protección infantil.

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