En medio de los airados reclamos de la oposición, la mayoría de Morena y sus aliados aprobaron ayer, en el Senado de la República, la polémica reforma a la Ley de Amparo que prohíbe las suspensiones con efectos generales contra leyes, es decir, para que los jueces no detengan obras o normas de forma cautelar ante posibles violaciones a los derechos humanos.
De hecho, Claudia Anaya, senadora del PRI, advirtió que acudirán ante la Suprema Corte a solicitar una acción de inconstitucionalidad a esta reforma que –dijo- significa una grave regresión a los derechos humanos en México.
Las y los senadores de los grupos parlamentarios de oposición que participaron en la discusión, también coincidieron en señalar que el oficialismo representado por Morena busca, además, blindar con esa adecuación las polémicas megaobras de López Obrador.
Con 69 votos a favor, 42 en contra y cero abstenciones, la reforma votada en lo general y particular se dio en los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, la cual limita a los jueces conceder suspensiones provisionales o definitivas con efectos generales cuando conozcan de amparos contra leyes expedidas por el Congreso o legislativos estatales.
Fue remitida a la Cámara de Diputados para su eventual ratificación.
En el dictamen aprobado se destaca que se trata de una medida que permitirá garantizar “el respeto irrestricto a la separación de poderes” y, fundamentalmente, el principio de presunción de constitucionalidad de las leyes.
Se adiciona un último párrafo al artículo 148 y deroga el último párrafo del artículo 129 de dicho ordenamiento para eliminar el amparo “en aquellos casos que excepcionalmente concedía la suspensión, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pudiera causarse mayor afectación al interés social”.
También se subraya que el juicio de amparo es un medio de control constitucional contra los actos emitidos con motivo del ejercicio del poder.
Sin embargo, el proyecto acota que “no debe ser utilizada como un mecanismo que limite el actuar y la función de un Poder constituido en detrimento de otro”.
En cambio, los senadores de los partidos de oposición señalaron que con esta reforma se busca blindar las polémicas megaobras del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Mientras que los de Morena cuestionaron a jueces por frenar obras polémicas como el Tren Maya o reformas como la Ley de la Industria Eléctrica durante la presidencia de López Obrador ante juicios de amparo que han presentado agrupaciones de ambientalistas, indígenas y empresarios.
El coordinador de la bancada del PAN, Julen Rementería del Puerto, afirmó que la aprobación de esta reforma es “un abuso”, ya que elimina la posibilidad de que los ciudadanos puedan recibir el amparo de la justicia federal, respecto a cualquier acción de la autoridad que los afecte.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, afirmó que la aprobación de este producto legislativo refrenda el compromiso de que las leyes reglamentarias estén acorde con la Constitución “no estamos afectando derechos, ni haciendo una regresión en las garantías”, sostuvo.
El morenista Ricardo Monreal Ávila, aseveró que esta reforma busca evitar “el abuso de la dictadura de la toga”, que genera una gran discrecionalidad en sus asuntos y vulnera el principio de legalidad al que deben estar sujetos.
La panista Gina Andrea Cruz Blackledge, señaló que una vez más estaban discutiendo reformas que Morena y sus aliados idealizan como la solución de todos nuestros males, con tal de complacer y avalar la ilegalidad con la que se conduce el presidente contra todas y todos los mexicanos.
“La oposición se ha unido, una vez más, para alzar nuestras voces en contra de la reforma a la Ley de Amparo, una medida que, bajo la apariencia de agilizar la justicia, pone en grave riesgo uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado de Derecho y un medio de tutela eficaz de los derechos humanos en nuestro país.
“Todas y todos sabemos que lo que motiva a Morena y sus aliados en esta reforma, es la eliminación de la facultad de las personas juzgadoras para suspender la aplicación de normas generales inconstitucionales. Con ello, se deja en la indefensión a los sectores más vulnerables”, advirtió la legisladora por el estado de Baja California.
Su compañera de bancada, la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, denunció que, con esta reforma, Morena busca eliminar el derecho de las y los ciudadanos a protegerse ante las decisiones de las autoridades.
El senador del PAN, Damián Zepeda, dijo que esta es una de las reformas más negativas de los últimos seis años, una “manzana envenenada”.
“Lo que quieren es que nadie pueda parar al gobierno cuando hace una obra, así tal cual. Esto es ,imagínense, a ver si les suena conocido, el gobierno haciendo una obra que daña el medio ambiente, no lo vas a poder parar”, alertó.
En tanto, Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, criticó los alcances de la iniciativa morenista y dijo que el amparo subsistirá en la Constitución porque una norma secundaria no puede estar por encima de la Ley Suprema.
Por Abel López Jiménez.
